La tensión entre los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de la zona Este y la Policía de Mendoza llegó a su punto más crítico. Luis Mariano Sarmiento, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios "El Libertador" de General San Martín, formalizó una denuncia administrativa para que se investigue el accionar de funcionarios policiales por presuntos delitos de violencia institucional, hostigamiento y abuso de autoridad.

La presentación no abarca únicamente un hecho puntual, sino que expone un patrón sistemático de irregularidades que viene documentándose desde finales del año 2023.

Según detalla el texto acusatorio, al que accedió en exclusiva Este Online, durante más de 24 meses se acumularon fallas operativas atribuibles a la coordinación policial que pusieron en riesgo el trabajo de los rescatistas. Entre las principales anomalías presentadas en el informe institucional destacan:

• Falta de despacho de recursos: Negativa a convocar a los cuarteles de voluntarios más cercanos a los siniestros.
• Ocultamiento de alertas: Omisión de transmitir emergencias dentro de sus jurisdicciones por la frecuencia operativa.
• Contraórdenes injustificadas: Órdenes de repliegue a los cuarteles cuando las dotaciones ya se encontraban en pleno desplazamiento.
• Incumplimientos institucionales: Postergación reiterada del compromiso de incorporar un operador bomberil en el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) Zona Este.

El hecho detonante: tensión bajo las ráfagas del Zonda

El desencadenante directo ocurrió durante la jornada del pasado 31 de julio, cuando un feroz temporal de viento Zonda azotó al departamento de San Martín, generando incendios de gran magnitud. Durante uno de los combates contra el fuego, una autobomba del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Los Barriales resultó gravemente dañada, registrándose además pérdida de equipamiento y personal herido.

Tras finalizar los operativos, representantes de varios cuarteles de la zona Este acudieron de forma pacífica a la base de bomberos de la Policía de La Colonia. El objetivo era pedir explicaciones sobre los criterios de despacho utilizados durante la crisis.

Sin embargo, de acuerdo a la denuncia, la respuesta policial distó de un diálogo institucional:

• Despliegue amedrentador: Las autoridades del lugar dispusieron un operativo con múltiples móviles y más de 15 efectivos policiales, varios de ellos exhibiendo armamento reglamentario.
• Reunión bajo coerción: Solo se autorizó el ingreso de dos directivos, realizándose el encuentro al aire libre en la playa de la dependencia, en un cerco rodeado de uniformados armados.
• Amenazas de detención: Durante la charla se lanzaron advertencias de arresto e intentos de retirar por la fuerza a Sarmiento de la reunión tras sus reclamos.

"Todo el procedimiento generó un contexto claramente intimidatorio que resultó absolutamente desproporcionado respecto del motivo de nuestra presencia, que era exclusivamente institucional y pacífica", sostiene Sarmiento en el escrito.

Pedidos a la Inspección General de Seguridad

Frente a la gravedad del cuadro, la Asociación solicitó una investigación integral que califique la conducta de los efectivos intervinientes.

Entre las medidas probatorias solicitadas figuran: secuestro y preservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad del predio policial, peritaje de las comunicaciones radiales del sistema TETRA del día 31 de julio de 2026 e identificación de toda la nómina de efectivos que participó en la contención del reclamo.