La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado los detalles del proyecto de Ley de Ciberseguridad impulsado por el Gobierno provincial.

Mendoza es actualmente la única provincia de la Argentina que avanza en una norma integral destinada a proteger los sistemas informáticos, los servicios esenciales y los datos de los ciudadanos.

La reunión, realizada en la Legislatura provincial, fue encabezada por la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, senador Walther Marcolini. Rus estuvo acompañada por el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, y el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich.

Durante la exposición, las autoridades explicaron los objetivos, el alcance y las distintas etapas previstas para la implementación del proyecto, que busca convertir la ciberseguridad en una política de Estado y garantizar su continuidad más allá de las distintas gestiones de gobierno.

La iniciativa ya fue presentada y analizada en diferentes espacios técnicos y académicos y recibió valoraciones positivas de especialistas nacionales e internacionales. Durante la conferencia internacional White Hat, realizada en Mendoza, referentes en ciberseguridad y hackers éticos destacaron que la provincia estuviera avanzando con una legislación de estas características y solicitaron conocer el contenido del proyecto.

También despertó interés entre autoridades de seguridad de otras jurisdicciones durante el último Consejo de Seguridad Interior, debido a que no existe actualmente una ley similar a nivel nacional ni en otras provincias del país.

Rus señaló que la digitalización de los servicios públicos y de la comunicación entre el Estado y los ciudadanos requiere avanzar, de manera paralela, en la protección de los sistemas que sostienen esas prestaciones. “Los Estados comenzaron una transformación vinculada con la digitalización de los servicios públicos y de su comunicación con los ciudadanos. Si no protegemos los sistemas y las infraestructuras críticas que sostienen esas prestaciones, nos quedamos a mitad de camino”, explicó la ministra.

La funcionaria indicó que la iniciativa apunta a proteger servicios vinculados con la salud, la seguridad, la educación, el transporte y la energía, entre otros. También busca garantizar que los organismos públicos se encuentren mejor preparados para responder ante posibles ataques informáticos. “Cuando hablamos de proteger las infraestructuras críticas, hablamos de los sistemas que sostienen un hospital público, el sistema de seguridad, el transporte o la energía que llega a los ciudadanos”, afirmó.

Una política de Estado frente a los ciberataques

La ministra aclaró que la sanción de una ley no impedirá que Mendoza sea objeto de ciberataques, pero permitirá establecer una política pública permanente, ordenar la respuesta estatal y desarrollar capacidades para enfrentar esas amenazas.

“Una ley no va a hacer que dejemos de ser blanco de ciberataques. Lo que hace es generar una política de ciberseguridad, con líneas de acción concretas, un diagnóstico y un plan que nos permita sostener y repeler esos ataques de una mejor manera”, sostuvo Rus.

La iniciativa propone que la ciberseguridad deje de depender exclusivamente de decisiones administrativas o de las prioridades de una gestión determinada y pase a consolidarse como una política de Estado respaldada por una ley provincial.

En ese sentido, Rus remarcó que el proyecto busca garantizar continuidad institucional, inversión, formación de equipos técnicos y actualización permanente de las herramientas de protección.

“Esto podría haberse establecido mediante un decreto, pero entendemos que debe ser una política de Estado. Es importante que sea la Legislatura la que sancione una ley y que la necesidad del Estado de invertir en ciberseguridad, formar equipos técnicos, trabajar y visibilizar vulnerabilidades esté siempre presente”, destacó.

Según explicaron las autoridades, Mendoza es la primera y única provincia del país que avanza con una legislación integral de estas características. El proyecto también fue analizado por especialistas, representantes académicos y miembros de la comunidad técnica vinculada con la ciberseguridad.

Rus recordó que la iniciativa fue compartida con referentes nacionales e internacionales durante la conferencia White Hat, donde recibió una valoración positiva por parte de especialistas y hackers éticos.

“Es la primera provincia del país que está estudiando una ley de ciberseguridad. Referentes internacionales destacaron que Mendoza estuviera trabajando en un proyecto de estas características, nos lo solicitaron y han visto con muy buenos ojos su contenido”, expresó.

Protección de los servicios esenciales

Uno de los principales objetivos del proyecto es evitar que un ataque informático pueda interrumpir o afectar servicios esenciales para la población.

Entre los ejemplos mencionados durante la exposición se encuentran los sistemas de emergencias, las historias clínicas digitales, las bases de datos estatales, los sistemas energéticos, el transporte público y las plataformas utilizadas para la realización de trámites.

Rus advirtió que un ciberataque no se limita a una afectación tecnológica, sino que puede tener consecuencias directas sobre la seguridad, la integridad y la vida de las personas.

“Queremos proteger, por ejemplo, que el sistema del 911 no sea hackeado y quede interrumpido, o que una historia clínica no sea robada y utilizada para cometer un delito”, explicó.

También se refirió a los riesgos que podrían producirse ante una alteración de los sistemas de transporte, energía o señalización vial. “Un ataque que deje sin funcionamiento un sistema de transporte o paralice un semáforo puede generar accidentes y afectar vidas humanas. Por eso, proteger las infraestructuras críticas es también proteger a los ciudadanos”, afirmó.

El proyecto establece que los organismos alcanzados deberán avanzar en la identificación de los sistemas esenciales, realizar evaluaciones de riesgo, adoptar medidas de protección y comunicar los incidentes detectados.

Resguardo de los datos personales

Otro de los puntos centrales de la propuesta es la protección de los datos personales que el Estado conserva, administra y gestiona a través de sus diferentes organismos. Rus mencionó como ejemplo la información contenida en historias clínicas, registros de vacunación, bases educativas, sistemas de seguridad y plataformas de trámites públicos.

La ministra advirtió que el robo de estos datos puede facilitar su comercialización en mercados ilegales o su utilización para realizar estafas y otras maniobras delictivas. “Pensemos en la historia clínica de una persona. Si esos datos son atacados, pueden ser vendidos en mercados ilegales y utilizados por terceros para realizar negocios o cometer delitos”, señaló.

La funcionaria explicó que la disponibilidad de información personal permite a las organizaciones delictivas construir engaños más creíbles y obtener la confianza de las víctimas. Como ejemplo, mencionó las estafas en las que los responsables se hacen pasar por integrantes de organismos públicos, centros de vacunación, bancos o empresas de servicios, utilizando datos previamente obtenidos para solicitar claves, códigos o información bancaria.

“Cuando una persona recibe una llamada en la que le aportan información real, tiende a confiar. Esa información puede haber sido robada previamente de una base de datos. Por eso, proteger los datos también repercute en la prevención del ciberdelito”, explicó.

Ciberseguridad y ciberdelito

Durante la reunión, el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, aclaró que el proyecto no modifica el Código Penal ni el Código Procesal Penal y que su objeto principal no es la persecución de los delitos informáticos. “Esta no es una ley de ciberdelito. El ciberdelito está regulado por el Código Penal y por el Código Procesal Penal. Este es un proyecto de ciberseguridad del sector público y de quienes se encuentran vinculados con él”, señaló Jaliff.

El funcionario explicó que la ley apunta a prevenir ataques, proteger sistemas, detectar vulnerabilidades y establecer mecanismos de actuación. En caso de que durante ese proceso se advierta la posible comisión de un delito, se realizará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal.

Jaliff recordó que Mendoza ya incorporó herramientas específicas para la investigación de delitos cometidos mediante medios digitales, entre ellas la figura del agente digital encubierto. La nueva iniciativa, en cambio, se concentra en la protección preventiva de los sistemas públicos, el resguardo de la información y la continuidad de los servicios esenciales.