La Municipalidad de San Martín, mediante una licitación pública, busca privatizar la terminal de ómnibus por los próximos 20 años. De esta manera, se pondría en marcha la última etapa de un proyecto que comenzó con la inauguración de las obras de remodelación y modernización, lo que permitió mejorar su funcionamiento, servicios y entorno.

Se trata del segundo llamado a licitación luego de declararse desierta la primera presentación de ofertas. La concesión de la terminal Santiago Llaver contempla no solo la explotación económica de las áreas rentables, sino que también incluye la administración general, obras de ampliación y mantenimiento del edificio existente y del predio circundante.

El Ejecutivo departamental se basa en una serie de puntos para justificar la decisión de la concesión a manos privadas. Por un lado, la imposibilidad de realizar la ampliación con recursos propios en el corto o mediano plazo, y el fracaso de las diversas gestiones para obtener financiamiento del Gobierno nacional. Por otro lado, que se detalla más adelante, es el costo que implica el mantenimiento de la terminal.

Es importante recordar la importancia que tiene esta terminal para San Martín y la región Este, ya que se trata de la segunda en flujo vehicular dentro de la provincia. Cada año, por sus dársenas, hay más de 110.000 ingresos y egresos de corta, media y larga distancia: 47.628 de Nueva Generación, 61.304 de Dicetours, 180 de Central Argentino, 988 de Cata Internacional y 2.184 de Nueva Chevallier. Por el edificio, además, circulan a diario más de 12 mil personas de diferentes localidades.

Teniendo en consideración la dinámica, la evolución social, demográfica y del servicio público de transporte de pasajeros en la estación de San Martín, la comuna proyectó una mejora sustancial de la estructura edilicia, que acumulaba más de 40 años sin reformas.

La primera etapa se inauguró en diciembre de 2023 y significó una inversión de $586 millones que fue realizada con recursos propios. La segunda etapa, la más importante y que incluye la ampliación del edificio existente, sería realizada por inversores privados a cambio de la explotación y administración de la terminal.

Dicha concesión (licitación pública 1019/2025-614) contempla la construcción y explotación de espacios comerciales, recreativos y gastronómicos, como la concreción de una ala este con doce dársenas para diferenciar las distancias, plazas de estacionamiento, sanitarios con duchas, boleterías, oficinas, salas de pre-embarque, servicios rentados de maleteros, espacios destinados a publicidad, y otras áreas existentes o a crearse, que complementen el funcionamiento de la terminal.

Además de refaccionar, mantener y operar la terminal, el concesionario deberá incluir en la propuesta la prestación de una sala de primeros auxilios y un local gratuito para la dirección de turismo. Entre los servicios informativos, se deberán instalar pantallas inteligentes y altavoces que indiquen arribos, salidas de ómnibus y cualquier otra información de utilidad y ayuda al pasajero.

De acuerdo a las condiciones de la licitación, la duración del contrato será de 20 años, con posibilidad de prórroga. Una vez adjudicada la concesión, y en un plazo no mayor a 60 días, el concesionario deberá presentar el desarrollo completo del proyecto de ampliación. Desde la firma del contrato, el plan de obras no podrá exceder los dos años. Durante ese periodo, la terminal de ómnibus deberá continuar con la prestación normal de los servicios.

El acto administrativo para la recepción de ofertas deberá ser presentado en la Dirección de Compras y Contrataciones de la Secretaria de Hacienda, ubicada en calle Boulogne Sur Mer y 25 de Mayo, de la Ciudad de San Martín. El pliego tiene un costo de $500.038 y la apertura de sobres se realizará el próximo 25 de junio.

Gastos en la terminal, otra preocupación del municipio

De acuerdo a la documentación que accedió Este Online, el municipio percibió en el último año un total de $3.561.600 por el alquiler de los cuatro locales comerciales ($890.400 anuales cada uno). A su vez, recaudó $16.790.400 anuales por el alquiler de las once boleterías de las seis empresas de transporte que operan en la terminal. El alquiler mensual de cada local fue de $74.200 y cada boletería $127.200.

En cuanto a las erogaciones, el municipio actualmente cuenta con cuatro empleados con contratos de locación que cumplen tares de limpieza en la terminal (turnos rotativos de 8 horas). Otro de los grandes gastos es la energía eléctrica, estimada en $2.100.000 mensuales.

Por otra parte, el servicio de seguridad es prestado por la delegación policial y los preventores municipales colaboran con rondines periódicos.

Condiciones, obligaciones y sanciones

El plan de trabajos e inversiones que se compromete a cumplir en caso de que se le adjudique la licitación debe expresar la capacidad y plazos en que puede realizar el objeto de la presente licitación, de llevar adelante el proyecto ejecutivo y ampliación de la estación terminal, acompañando un cronograma tentativo de actividades, detallándose estudios, trabajos, tareas, equipamiento, obras, fechas y responsables para cada una de ellas.

Dicho plan deberá ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las previsiones y tareas necesarias para la concreción de la ampliación, así como los montos mensuales que deberá erogar el concesionario en consecuencia.

El servicio que se licita será evaluado y controlado en forma permanente por el municipio como Autoridad de Aplicación, la que podrá formular o reformular condiciones de prestación que garanticen la adecuación de las instalaciones o la prestación del servicio a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de infraestructura vial, de seguridad o de accesibilidad, como también fijar y modificar las tasas de uso y tarifas aprobadas, todo ello en función de obtener un mejor y más eficiente servicio.

Además de ello, la Autoridad de Aplicación podrá realizar auditorías técnicas y evaluaciones operativas y económicas al concesionario, con amplias facultades de inspección a tales efectos, a los fines de controlar la debida ejecución del contrato de concesión.

El incumplimiento de las obligaciones legales, contractuales, de inversión, económicas e impositivas, o cualquiera otra asumida por el concesionario, determinarán la aplicación de sanciones legales que este pliego y el contrato de concesión determinan, pudiendo llegar a la caducidad de la concesión.