Quienes se postulen a cargos electivos no podrán tener procesos judiciales penales ni condenas en su contra 
Un proyecto de Ley busca modificar la Ley Orgánica de Partidos con el fin de adicionar requisitos para los candidatos a cargos públicos. Fue presentado por el diputado provincial José Orts.
 
Por Redacción
28 de mayo de 2020
El proyecto fue presentado por el legislador José Orts.
 

Ingresó en la Legislatura provincial un proyecto de Ley que tiene como finalidad modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos con el fin de adicionar requisitos para los candidatos a cargos públicos.

En específico, la iniciativa busca que los partidos políticos no puedan registrar candidatos a cargos públicos electivos para las elecciones provinciales ni municipales a las personas que tengan en su contra algún proceso judicial y/o registros de antecedentes penales en los últimos diez años, por delitos relacionados a la administración pública.

El proyecto de Ley fue presentando por el diputado José Orts, quien expresó que la sociedad reclama transparencia de la gestión pública y que es necesario que las personas que ejerzan cargos públicos demuestren dicho principio en sus actos, pero también en su trayectoria. 

Si bien la Constitución Provincial dispone en su letra los requisitos para poder acceder al cargo de Gobernador, Vicegobernador, Diputado, Senador, y otros cargos, aquéllos no se verán modificados ni suprimidos por esta norma sino que será complementaria, ya que la iniciativa presentada sería una forma de adicionar requisitos a los ya establecidos.

De esta manera este proyecto; por un lado, modifica la normativa vigente electoral; y por el otro, introduce el concepto de transparencia en la gestión pública como requisito de compatibilidad de los candidatos para ejercer cualquier cargo electivo de orden público.

Vale mencionar y aclarar que este proyecto tiene en miras que los candidatos a cargos públicos electivos no tengan antecedentes penales por los delitos enmarcados como de “corrupción política” que en el Código Penal, se encuentran en diversos artículos, todos ellos contemplados en el proyecto de Ley presentado.

Además, según manifestó el legislador José Orts, es necesario poner al día la legislación electoral y adecuarla, siempre que sea viable, a las necesidades y reclamos sociales vigentes.

Con esta reforma también se busca que los partidos políticos o alianzas electorales sean los responsables directos de exigir a los candidatos que presenten en sus listas la planilla de antecedentes penales sea cual sea el cargo electivo provincial y municipal para el que postula. Esta planilla debe consignar la ausencia de registros de antecedentes penales en los últimos diez años y es expedida por el Registro Nacional de Reincidencia.

Según se expresa, y como otro fundamento que motiva el proyecto es imprescindible realizar esta modificación para que exista igualdad entre los actores del sistema estatal que hoy no existe. Actualmente para ser empleado público se requieren mayores requisitos que los que se exigen a los gobernantes elegidos por voto popular. Según lo establece el Estatuto del Empleado Público uno de los requisitos es precisamente no tener condena ni estar sometido a un proceso penal, requisito que necesariamente debe ser exigido a quienes pretenden dirigir las gestiones públicas.

“Esta reforma resulta justa, necesaria, equitativa, sobre todo para introducir el principio de la transparencia al acceso de los cargos públicos electivos, siendo necesario contar con las condiciones impuestas. Entendemos así, que los Partidos Políticos y Alianzas Electorales deben ser los responsables directos y sobre sus deberes y atribuciones recae esta reforma”, remarcó el impulsor de la iniciativa, el diputado José Orts.

La propuesta en el panorama internacional

Como referencia internacional se postula los ejemplos de Brasil, Perú, México, Colombia, Uruguay, Honduras y Chile; países que ya cuentan con esta herramienta legislativa, donde se estipula como condición para el acceso a los cargos públicos el hecho de no estar condenado por delitos de corrupción y otros reconocidos por los distintos compendios normativos de cada país.

En cada uno de esos países, el sentido es el mismo: no permitir el avance de la corrupción en la administración pública, oponiendo a los candidatos acceder a sus cargos electivos si hay condenas por delitos cometidos.

Es precisamente esta referencia internacional la que también sirve de ejemplo para que demostrar que esta reforma no solo es posible en Mendoza, sino que además es necesaria.