El Senado de Mendoza aprobó la ley de Extinción de Dominio
La propuesta del Ejecutivo habilita al Estado provincial para recuperar bienes vinculados con delitos complejos, como actos de corrupción y narcotráfico. La Izquierda y Unidad Ciudadana se opusieron a la medida.
 
Por Redacción
19 de marzo de 2019
Crédito: Gentileza Prensa Cámara de Senadores.
 

La Cámara de Senadores aprobó hoy la iniciativa del Poder Ejecutivo que aplica la Extinción de Dominio en la Justicia Provincial. Se trata de una modificación al Código Procesal Civil de Mendoza y a la ley del Ministerio Público Fiscal para establecer el Régimen Procesal de Acción Civil en los casos que investiga la justicia.

La propuesta fue aprobada por 28 votos afirmativos y 5 votos negativos. Los legisladores del Frente de Izquierda y de Unidad Ciudadana se opusieron a la medida. La norma pasó a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Dicho sistema, una vez aprobado y convertido en Ley le permitirá al Estado provincial recuperar los bienes obtenidos por delitos de corrupción y contra la Administración Pública. El producido de esos bienes se destinará a la reparación y construcción de escuelas, lo que indica una afectación concreta de esos fondos.

Esta acción se realizó luego del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por el presidente Mauricio Macri, que marca las recuperaciones rápidas de todo tipo de bienes (terrenos, vehículos, viviendas, dinero) provenientes de la corrupción, narcotráfico, crimen organizado y trata de personas, entre otros.

El debate

El senador Marcelo Rubio presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales fue el miembro informante de la iniciativa. “Le dimos tratamiento a través de varias reuniones, se propusieron una serie de modificaciones en las cuales en algunos casos, la hemos tomado como válidas.  Sabemos que con este proyecto Mendoza es pionera en el país. Es importante lo que se propone desde el Gobierno Nacional”, comentó.

Rubio también remarcó que este proyecto tiene toda una estructura, además enumeró las sugerencias que se dieron. “En el artículo 4 se pedía que se nombraran los delitos que estaban mencionados en dicho proyecto, entendimos que no es lo correcto nombrar a cada uno. Respecto del destino de los bienes quedamos en ver la posibilidad que se diera al tesoro en general, veremos si es factible. También se había propuesto dar una vista al Fiscal de Estado que explicamos que no son bienes del Estado”, remarcó.

Por su parte, el legislador Lautaro Jiménez (FIT) también se refirió a la iniciativa en tratamiento en el recinto y mostró el rechazo de su bloque a la misma. En tanto que el senador Víctor da Vila tomó la misma decisión que su par y reclamó que se pueden hacer otras medidas anticorrupción como es el caso del secreto bancario, establecer la obra pública como administración directa como así el problema de la irrevocabilidad de los mandatos.

Luego, el senador Ernesto Mancinelli coincidió en acompañar este proyecto del Ejecutivo y se diferenció de lo expuesto por los senadores del FIT.

La senadora Natalia Vicencio rechazó el proyecto de ley del Ejecutivo y argumentó que es necesario un debate legislativo serio. “De ninguna manera nos oponemos a la extinción de dominio, estamos convencidos de que que el Estado puede crear otros instrumentos para poder llevar a cabo tales acciones”, indicó.

Puntos principales de la propuesta

Con una investigación abierta, los fiscales podrán iniciar el proceso civil de extinción de dominio. La causa civil se realizará en paralelo a la penal, con la inversión de la carga de la prueba, es decir, el acusado deberá probar que obtuvo los bienes de manera lícita. Será para los delitos de narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero y asociación ilícita.
  
La Provincia podrá lograr la expropiación y el decomiso de bienes por vía civil, antes de que haya pena en la justicia penal. Los bienes expropiados serán vendidos y la recaudación será para la construcción de escuelas. Se conformará un fondo de garantía para los casos en que los acusados sean absueltos y se les deba devolver el valor de los bienes.

Este proyecto de ley se enmarca dentro de las amplias reformas realizadas a los Códigos Procesales de la provincia en especial el proceso civil que tiene dentro de sus objetivos, además de la oralidad y la celeridad de los procesos, la incorporación de nuevos paradigmas sociales en pos de una justicia que dé efectivas respuestas a la sociedad.

Para ello se dota al Ministerio Público Fiscal, cuya principal función es la defensa de los intereses generales de la sociedad, de herramientas jurídicas adecuadas para lograr la extinción de dominio en favor del Estado Provincial, o sea de la ciudadanía, de los bienes, cosas, dineros, derechos  y otros activos que se encuentren en poder de quienes sean investigados por la comisión de los delitos de competencia de la justicia provincial enumerados en el artículo 1º del proyecto, que luego de un proceso de conocimiento no hayan podido justificar su procedencia.

Desde el punto de vista metodológico se optó por incorporar el proceso de extinción de dominio a continuación del proceso de adquisición de dominio por prescripción previsto en el artículo 209 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario como un proceso de conocimiento especial y, a fin de no alterar la numeración del Código, se lo incorporó como inciso V del mencionado artículo al actual artículo 210 y se reservó este para desarrollar allí el proceso de extinción de dominio.

Por último, en el proyecto se establece que una vez ingresados los fondos del producido de los bienes enajenados, deducido el porcentaje del fondo de garantía, como los gastos incurridos para el secuestro, administración y mantenimiento y demás costos procesales, éstos ingresarán a la Tesorería General de la Provincia para que sean destinados a la construcción y reparación de escuelas públicas de Mendoza.

 
 
 
 
 
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