Imputan a cuatro funcionarios de Santa Rosa por la muerte de Leonela
Están acusados de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público por la muerte de una niña de dos años en una plaza de ese departamento. La intendente Norma Trigo nunca se reivindicó de sus dichos.
 
Por Javier Disparti
24 de octubre de 2018
Crédito: Este Online.
 

Cuatro funcionarios de la Municipalidad de Santa Rosa fueron imputados en las últimas horas por la muerte de Leonela Rosales, la niña de dos años de edad que murió tras recibir una descarga eléctrica en una plaza de ese departamento. En los próximos meses, deberán afrontar un juicio oral por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La muerte de la menor se produjo el pasado 26 de noviembre, cerca de las 21:30, cuando sufrió una descarga eléctrica al tocar una farola en la plaza de 12 de Octubre. Al ser despedida hacia atrás, golpeó su cabeza con el piso y tuvo que ser trasladada en código rojo al hospital Arenas Raffo. Allí, los médicos le practicaron reanimación cardiopulmonar y la derivaron de urgencia al Notti, donde falleció de un paro cardiorespiratorio.

A partir de ese momento, y en medio de acusaciones de parte de la oposición por el estado en que se encontraban los espacios públicos, la intendente Norma Trigo convocó a una conferencia de prensa donde aseguró que la pequeña había muerto por un golpe en la cabeza y no electrocutada.

Incluso, Trigo llegó a presentar la declaración de una supuesta testigo ocular que, horas antes de la conferencia de prensa y diez días después del fatídico accidente, afirmó que “la niña cayó, aparentemente por un resbalón, y golpeó fuertemente su cabeza con un pedazo de concreto”.

Además, de acuerdo al acta municipal, la testigo apuntó contra “Marcial Ibarra y José Quiroga por usar el hecho con fines políticos al organizar una marcha al día siguiente del accidente” de la muerte de la menor. Por último, la mujer defendió el accionar del municipio por “arreglar periódicamente las farolas y reemplazar los focos que destruyen los vándalos de la zona”.

A las pocas semanas se conoció el resultado de la necropsia que confirmó que el cuerpo de la menor presentaba una quemadura en su brazo, compatible con un shock eléctrico. Como consecuencia de esta descarga eléctrica, la menor cayó de espaldas y golpeó su cabeza con el piso. Sin embargo, ni la intendenta pidió disculpas, ni la testigo fue procesada por falso testimonio.

Ahora, a casi un año de la muerte de la menor, el fiscal Héctor Rosas elevó a juicio la causa e imputó a Juan Ojeda Miranda (delegado de 12 de Octubre), Marcelo Gómez (Director de Servicios Públicos), Hugo Arrieta (encargado de Servicios Públicos) y Gastón Ginart (Jefe de Servicios Públicos), por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Cabe recordar que el Concejo Deliberante, en medio de este crítico panorama, conformó una comisión investigadora y citó en varias oportunidades a Norma Trigo para que diera respuestas sobre el estado de los espacios públicos. Sin embargo, la intendente radical nunca se presentó ante los ediles y hasta puso en duda la legitimidad de la comisión presidida por el demócrata Antonio Ponce.

Esta situación generó malestar en los ediles de la oposición y la tildaron de “soberbia” y “mentirosa” por haber asegurado en una conferencia de prensa que Leonela había muerto como consecuencia de un golpe y no electrocutada, algo que llamó la atención porque aún no se conocía el resultado de la necropsia.

Finalmente, a mediados de enero de este año, por pedido de Norma Trigo, la comisión investigadora fue suspendida por el voto de cinco concejales, entre opositores y oficialistas, para que, efectivamente, la investigación del Concejo Deliberante se limitara a lo que decidiera la Justicia.

 
 
 
 
 
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