El ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado (41), está imputado en cuatro delitos que, presuntamente, fueron cometidos durante sus gestiones a cargo del municipio entre diciembre de 2007 y abril de 2016, y por lo que el fiscal Sebastián Campizzi requirió una pena de 5 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ocupar un cargo público.

Salgado está acusado por los delitos de concusión, malversación de fondos públicos, administración infiel y desobediencia. También están acusados cuatro de sus ex funcionarios: Franco Ojeda (39), que se desempeñaba en el área de Hacienda; Gisela Ruggeri (38), que fue su secretaria privada; el hoy concejal peronista y ex jefe de Desarrollo Económico y Social, Marcial Ibarra (45) y Guillermo Araya (31), que fue jefe de Acción Social durante la gestión de Salgado.

En el caso del ex jefe de Hacienda de Santa Rosa, Franco Ojeda, el fiscal pidió una pena de 3 años de prisión condicional e inhabilitación por 10 años para ocupar un cargo público. En su caso también está acusado por el delito de administración infiel por la emisión de cheques apócrifos por más de $1.3 millones a nombre del lubricentro Tirasso, de Guaymallén, una firma que nunca fue proveedora de la comuna de Santa Rosa.

En tanto, para Marcial Ibarra y Flavio Araya, el fiscal requirió una pena de 3 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Mientras que para la única mujer acusada, 2 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Todos ellos están acusados del delito de concusión en el manejo discrecional que la comuna hizo con los fondos que generó la playa de estacionamiento de La Salada.

Concusión

Cabe señalar que el 16 de setiembre de 2013, el entonces intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, inauguró el megapolo La Salada sobre la Ruta 7. Sin embargo, el 10 de febrero de 2016, el empresario Jorge Castillo se presentó ante el Concejo Deliberante de Santa Rosa y acusó a Salgado de quedarse con 10 millones de pesos (un promedio de $50 mil por fin de semana) de la playa de estacionamiento de La Salada.

Todo comenzó cuando el ex intendente kirchnerista denunció públicamente que La Salada le debía 2 millones de pesos en concepto de tasas municipales. Ante esta acusación, Castillo decidió presentarse espontáneamente ante la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante que analizaba en ese momento destituir al jefe comunal.

En ese marco, y según consta en la causa, Castillo mencionó que existía un acuerdo tácito, que consistía en que el municipio se quedaba con la explotación económica de la playa de estacionamiento a cambio del pago de impuestos municipales entre setiembre de 2013 a diciembre de 2015.

Malversación de fondos públicos

Otras de las causas que complica al ex intendente de Santa Rosa es el delito por malversación de fondos públicos. En esta causa, a  Salgado se lo acusa del uso discrecional de $1,5 millón que el ISCAMEN destinó el 30 de diciembre de 2011 para la construcción de una planta de destete (tradicional, anticipado, temporario, precoz e hiperprecoz) de animales sobre un terreno privado en la Ruta 71.

Sin embargo, y según declaró Salgado, los fondos fueron utilizados para el pago de haberes de los empleados municipales para que “pudieran pasar las fiestas de fin de año”. Al mismo tiempo, sostuvo que esta decisión estuvo avalada por el equipo legal de la municipalidad y que, posteriormente, a principios de enero, se repusieron dichos fondos con el ingreso del pago de la coparticipación.

Sin embargo, contrariamente a lo estipulado en el convenio firmado el 25 de noviembre de 2011 entre la comuna y el Iscamen, Salgado desestimó lo acordado y optó en 2014 que lo más conveniente era instalar una planta productora de alimentos balanceados para el ganado. Incluso, la misma se instaló en otro terreno que el que pretendía el ente provincial.

Ante la pregunta de: ¿Por qué destinó los fondos para otra utilidad y en otro terreno?, el ex intendente incurrió en una serie de contradicciones que fueron advertidas por la fiscalía. Por un lado, el imputado sostuvo que “por razones de logística” no era conveniente instalar una planta de destete en la Ruta 71 y por otro lado, sostuvo que no era necesaria su instalación “porque ya existían corrales” para realizar esta actividad en Santa Rosa.

Administración infiel

Salgado, quien ahora se desempeña como obrero rural y vive con sus padres, también está imputado por la emisión de 28 facturas apócrifas y el pago con cheques del municipio por más de 1.3 millones de pesos a nombre del lubricentro Tirasso, de Guaymallén, una firma que nunca fue proveedora de la comuna de Santa Rosa.

Desobediencia

En este caso es por no haber respondido un pedido de informes de la Fiscalía de Estado con fecha del 9 de setiembre de 2013 por la licitación de la planta de alimento de ganado.