La Legislatura aprobó la Ley de Acceso a la Información

La Cámara de Diputados dio sanción final al proyecto. La autoridad de aplicación será la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública. Surgió de los senadores Daniela García (UCR) y Ernesto Mancinelli (Libres del Sur).

MIERCOLES 30 DE MAYO DE 2018 | 20:00

(Foto: Cámara de Diputados).

 

Después de más de diez años de debates y proyectos rechazados, la Legislatura de Mendoza aprobó el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública. La iniciativa surgió de los senadores Daniela García (UCR) y Ernesto Mancinelli (Libres del Sur) y establece la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados en esta ley.

Las excepciones a la divulgación, están relacionadas principalmente a circunstancias tales como cuando se pudiera afectar la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales o cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes y sus respectivas reglamentaciones.

De igual forma, cuando dicha información se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales y su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal desarrollo del procedimiento judicial o cuando se refiera a cuestiones de familia, menores y los sumarios penales en su etapa de secreto, entre otros considerandos.

Según establece la Ley, la finalidad es facilitar a toda persona el derecho de acceso a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos; propiciar la transparencia de la gestión pública mediante la difusión de la información que genere el Estado e impulsar la rendición de cuentas de todas las instituciones y dependencias públicas.

De igual forma, fomentar la participación ciudadana informada en las diferentes instancias de la gestión pública y la fiscalización ciudadana al ejercicio de la función pública; promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación que impulsen el Estado Abierto; fomentar la cultura de transparencia y mejorar la calidad de las instituciones.

En su articulado, la normativa establece que toda “persona humana o jurídica, pública o privada tiene derecho a solicitar y acceder a la información pública, no siendo necesario acreditar interés legítimo ni derecho subjetivo. Este derecho de información también comprende el derecho a acceder a las informaciones contenidas en actas y expedientes de toda autoridad pública, así como a estar informada periódicamente, cuando lo requiera, de las actividades que desarrollan entidades y personas que cumplen funciones públicas”.

Dispone en tal sentido, que la información en poder de los sujetos obligados es pública y su difusión irrestricta, salvo las excepciones fundadas que expresamente estén establecidas por la ley, y que debe estar “al alcance de todos los particulares”.

El acceso a la información debe ser gratuito, “no se impondrá costo alguno, salvo una simple copia del documento o su costo de reproducción”, señala el texto.

Esta Ley será de aplicación en el ámbito del Poder Ejecutivo, tanto en la Administración Centralizada como organismos descentralizados o entes autárquicos; las empresas y sociedades con participación del Estado, entes residuales y todas las organizaciones empresariales donde el Estado Provincial tenga participación; los Poderes Legislativo y Judicial, Ministerio Público de la Defensa y Ministerio Público Fiscal; Fiscalía de Estado; Tribunal de Cuentas; Departamento General de Irrigación y prestatario o concesionarios de servicios públicos o que exploten un dominio público.

Cada una de las autoridades públicas designará un miembro de su planta como funcionario garante responsable de la aplicación de la presente ley, el que tendrá la responsabilidad de la atención directa y resolución de las solicitudes de información pública. La máxima autoridad de cada repartición pública será responsable en forma solidaria con el funcionario garante.

Establece asimismo, que el funcionario garante que incumpliere de manera dolosa o culposa los deberes establecidos en la presente ley, será pasible de las sanciones que establezca la Autoridad de Aplicación sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que le corresponda.

La solicitud de acceso a la información podrá ser realizada por vía electrónica, formulario tipo de acceso a la información pública vía on line y/o formato papel al funcionario garante que entienda de la información solicitada, no siendo necesario el patrocinio letrado.

Todo sujeto deberá responder las solicitudes de información dentro de un plazo perentorio de 15 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud, el que podrá por única vez y previo dictamen fundado, prorrogarse por un plazo de quince 15 días hábiles más.

La iniciativa surgió de los senadores Daniela García y Ernesto Mancinelli, a la que se le acumularon otras en igual sentido, entre ellas, de los diputados Javier Cofano (PJ) y Pablo Priore (PRO), fue aprobada en general por unanimidad, con la presencia del ministro de Gobierno, Dalmiro Garay,  y el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ulpiano Suárez.