Comenzó el juicio por corrupción contra Sergio Salgado

Se trata de cuatro causas por supuestos delitos durante su gestión como intendente de Santa Rosa. Entre ellas el manejo discrecional de 10 millones de La Salada, el destino de fondos del Iscamen y la emisión de facturas truchas.

LUNES 7 DE MAYO DE 2018 | 16:00

(Foto: Este Online).

 
circulo
Por Javier Disparti

Comenzó el magajuicio contra el ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado (41), quien es acusado por los delitos de concusión, malversación de fondos públicos, administración infiel y desobediencia. Todas estas causas fueron unificadas en un solo proceso por decisión del juez Armando Martínez, quien preside el debate en los tribunales del Palacio Judicial, del departamento de San Martín.

Además del ex intendente kirchnerista, también están acusados cuatro de sus ex funcionarios: Franco Ojeda (39), que se desempeñaba en el área de Hacienda; Gisela Ruggeri (38), que fue su secretaria privada; el hoy concejal peronista y ex jefe de Desarrollo Económico y Social, Marcial Ibarra (45) y Guillermo Araya (31), que fue jefe de Acción Social durante la gestión de Salgado.

En esta primera jornada, luego de rechazarse el pedido de anulación de la defensa, Salgado dio explicaciones sobre tres de las cuatro causas en las que se encuentra imputado. Mientras que, por decisión de su abogado defensor, Carlos Moyano, prefirió no declarar sobre la explotación ilegal del estacionamiento del megapolo La Salada, en la que está imputado por el delito de concusión (cobro de un impuesto en provecho propio).

Cabe recordar que el ex intendente, quien afrontaba su tercer mandato desde 2007, renunció a la intendencia de Santa Rosa el 1 de abril de 2016 tras ser imputado por el fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay, por los delitos de administración fraudulenta, malversación de fondos, liberación de cheques sin fondos y asociación ilícita.

Ese mismo día quedó detenido en la penitenciaria provincial San Felipe. Tras casi 8 meses (239 días), la Corte Suprema de Justicia de Mendoza ordenó que Salgado recuperara la libertad. Lo hizo a través de un fallo de la sala II que llevó la firma de Omar Palermo, Jorge Horacio Nanclares y Julio Ramón Gómez, quienes le impusieron una caución de un millón de pesos.

Concusión

Cabe señalar que el 16 de setiembre de 2013, el entonces intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, inauguró el megapolo La Salada sobre la Ruta 7. Sin embargo, el 10 de febrero de 2016, el empresario Jorge Castillo se presentó ante el Concejo Deliberante de Santa Rosa y acusó a Salgado de quedarse con 10 millones de pesos (un promedio de $50 mil por fin de semana) de la playa de estacionamiento de La Salada.

Todo comenzó cuando el ex intendente kirchnerista denunció públicamente que La Salada le debía 2 millones de pesos en concepto de tasas municipales. Ante esta acusación, Castillo decidió presentarse espontáneamente ante la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante que analizaba en ese momento destituir al jefe comunal.

En ese marco, y según consta en la causa, Castillo mencionó que existía un acuerdo tácito, que consistía en que el municipio se quedaba con la explotación económica de la playa de estacionamiento a cambio del pago de impuestos municipales entre setiembre de 2013 a diciembre de 2015.

Durante el transcurso del debate se esperaba la declaración de los testigos y de la intendente de Santa Rosa, Norma Trigo, para conocer detalles del manejo discrecional de los fondos del estacionamiento de La Salada. Sin embargo, y en contraposición de algunos testigos, la defensa de Salgado sostiene que los fondos fueron entregados a entidades sociales.

Malversación de fondos públicos

Otras de las causas que complica al ex intendente de Santa Rosa es el delito por malversación de fondos públicos. En esta causa, a  Salgado se lo acusa del uso discrecional de $1,5 millón que el ISCAMEN destinó el 30 de diciembre de 2011 para la construcción de una planta de destete (tradicional, anticipado, temporario, precoz e hiperprecoz) de animales sobre un terreno privado en la Ruta 71.

Sin embargo, y según declaró hoy Salgado, los fondos fueron utilizados para el pago de haberes de los empleados municipales para que “pudieran pasar las fiestas de fin de año”. Al mismo tiempo, sostuvo que esta decisión estuvo avalada por el equipo legal de la municipalidad y que, posteriormente, a principios de enero, se repusieron dichos fondos con el ingreso del pago de la coparticipación.

Sin embargo, contrariamente a lo estipulado en el convenio firmado el 25 de noviembre de 2011 entre la comuna y el Iscamen, Salgado desestimó lo acordado y optó en 2014 que lo más conveniente era instalar una planta productora de alimentos balanceados para el ganado. Incluso, la misma se instaló en otro terreno que el que pretendía el ente provincial.

Ante la pregunta de: ¿Por qué destinó los fondos para otra utilidad y en otro terreno?, el ex intendente incurrió en una serie de contradicciones que fueron advertidas por la fiscalía. Por un lado, el imputado sostuvo que “por razones de logística” no era conveniente instalar una planta de destete en la Ruta 71 y por otro lado, sostuvo que no era necesaria su instalación “porque ya existían corrales” para realizar esta actividad en Santa Rosa.

Administración infiel

Salgado, quien ahora se desempeña como obrero rural y vive con sus padres, también está imputado por la emisión de 28 facturas apócrifas y el pago con cheques del municipio por más de 1.3 millones de pesos a nombre del lubricentro Tirasso, de Guaymallén, una firma que no era proveedora de la comuna de Santa Rosa.

En esta causa también está implicado Franco Ojeda, quien se desempeñaba en el área de Hacienda cuando Sergio Salgado era intendente de ese departamento. El ex jefe comunal declaró desconocer sobre esta situación y dijo que “solía dejar hasta cinco chequeras firmadas en blanco” cuando se iba de viaje a Buenos Aires.

Desobediencia

Por último, la causa más leve, y la que podría quedar sin resolución por falta de pruebas, es el delito por desobediencia. En este caso es por no haber respondido un pedido de informes de la Fiscalía de Estado con fecha del 9 de setiembre de 2013 por la licitación de la planta de alimento de ganado.

El debate se realiza en el Palacio Judicial de San Martín y se desarrollará hasta el próximo viernes. Esta semana, de acuerdo a lo que se ordenó en la primera audiencia, el tribunal realizará una inspección ocular en un terreno donde tendría que haberse construido una planta de servicios ganaderos. Posteriormente se conocerán las pruebas de la fiscalía, los alegatos y la sentencia.