El Tribunal de Cuentas de Mendoza aplicó una multa al intendente de San Martín, Jorge Giménez, por librar cheques de pago diferido por una suma millonaria entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2014. Anteriormente, el órgano de control ya había advertido al municipio por las mismas irregularidades.

Esta situación, en los últimos tiempos, y sobre todo durante el ejercicio contable del presupuesto del año 2014, se volvió una acción común a pesar que esta modalidad de pagos debe informarse al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas. A pesar de esto, dicha autorización nunca se solicitó.

De acuerdo al artículo 73 inciso 7 de la Ley 1079, el Concejo Deliberante debe autorizar expresamente a la intendencia “para suscribir pagarés o documentos de crédito por gastos autorizados en el presupuesto, dentro de las partidas y fondos de este y por un plazo que no exceda de su ejercicio”.

Sin embargo, tras haber sido advertido el 18 de marzo de 2015, el municipio de San Martín continuó emitiendo cheques de pago diferido con fecha posterior al cierre de ejercicio del año 2014. La suma alcanzó los $39.445.495 que se pagaron a través de las cuentas corrientes que la comuna posee en los bancos Supervielle (N° 58021-43), Macro (N° 94103339-48) y Credicoop (N° 320006828-7).

Por esta razón, según establece el artículo 42 de la Ley Nº 1003, el Tribunal de Cuentas estableció que, finalmente, le cabía una sanción al intendente y también al secretario de Hacienda, Walter Hernán Carini y al contador Juan Manuel Espin. Fue así que fijó una multa de 5.000 pesos, según el fallo 16.589/16 dictaminado por la Secretaría Relatora.

Queda claro que el Tribunal de Cuentas de la provincia aplica sanciones tardías y poco rigurosas ante los incumplimientos que cometen funcionarios e intendentes. Si incumplir no produce castigos severos y rápidos, los que administran el Estado pueden perderle el temor al control, al menos contable, de las operaciones.

Actualmente, en las oficinas del Poder Ejecutivo se acumulan expedientes del Tribunal de Cuentas que son el testimonio claro de esta situación. Esas actuaciones revelan cómo se suele ignorar al Tribunal, sin pagar cuando ordena una sanción y obligando al Estado a iniciar juicios por multas menores.

Según la ley, hay muchos requisitos fijados ante el Tribunal de Cuentas para evitar desmanejos. Entre ellos, la presentación anual de cada ejercicio vencido, rendiciones mensuales de gastos, y controles in situ. Así y todo, se incumple con las rendiciones, y mucho, como se puede observar en varios casos.

Un antecedente similar ocurrió en Santa Rosa, cuando el entonces intendente Sergio Salgado fue sancionado con una multa de 7.000 pesos por no presentar la rendición de 2014. Ante el incumplimiento en el pago de la sanción, la Fiscalía de Estado tuvo que iniciar un proceso para cobrar esa multa por la vía del apremio.