La Cámara de Senadores de la provincia aprobó el proyecto de Ley de Ética Pública, que propone un marco regulador para las declaraciones juradas de los patrimonios de los funcionarios.  La normativa contó con 31 votos afirmativos y 2 negativos, ambos del Frente La Izquierda.

La iniciativa de los senadores Daniela García, Ernesto Mancinelli, Jorge Palero  y Raúl Ferrer establece como punto principal que la declaración jurada ante la Fiscalía de Estado deberá realizarse dentro de los 60 días hábiles, desde la asunción de sus cargos, con actualizaciones anuales. También se dispone que deberán acumularse sucesivamente y conservarse por lo menos cinco años con posterioridad al egreso efectivo del funcionario.

En mayo de 2016, la vicegobernadora Laura Montero presentó en la Legislatura los puntos centrales de la propuesta de ética pública acompañada por el ex titular de la AGN, Leandro Despouy, y los legisladores provinciales responsables de la ley aprobada hoy en la Cámara alta.

La normativa establece un régimen específico también para los Municipios, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y Superintendencia General de Irrigación. Quedan también incluidos en este régimen, las autoridades de los sindicatos estatales. Asimismo, los proveedores y contratistas del Gobierno provincial.

Ahora bien, las DDJJ deben presentarse ante la autoridad de aplicación, para lo cual se crea en el ámbito de la Unidad Legislativa dependiente del Senado de la provincia, la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública como órgano técnico e independiente, con autonomía funcional, financiera y presupuestaria encargado de los registros y las investigaciones administrativas necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

Las declaraciones juradas deben presentarse ante la autoridad de aplicación, para lo cual se crea en el ámbito de la Unidad Legislativa dependiente del Senado de la provincia, la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública como órgano técnico e independiente. Esta Oficina, estará a cargo de un Auditor que será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Debate

La senadora Daniela García subrayó que para la redacción del proyecto se tomaron, entre otras, bases establecidas por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y también algunos principios de la Ley Nacional contra la Corrupción. Uno de los puntos que se establece es un método comparable de valuación de los bienes de los funcionarios, con el fin de que haya “transparencia” y “acercamiento al ciudadano”.

“Entendemos que es un proyecto muy importante, en la actualidad hay un reclamo social para mayor trasparencia. Tenemos algunas salvedades en distintos puntos que ya las mencionaremos con respecto a esta normativa. Vamos a apoyar este proyecto de ley”, explicó María José Ubaldini.

Noelia Barbeito, de La Izquierda, se refirió a este proyecto durante el tratamiento en el recinto. “Criticamos que el control de las declaraciones juradas queda en manos de los propios funcionarios. No vamos a acompañar este proyecto, adelanto mi voto negativo”, señaló.