Una vez más, el Concejo Deliberante de San Martín postergó la aprobación de la ordenanza de adhesión al decreto provincial de Ley de Ética Pública. La iniciativa, que pretende que los funcionarios y concejales presenten la declaración jurada de sus bienes, deberá seguir esperando.

La semana pasada, el Frente para la Victoria y los bloques aliados dejaron sin quórum la sesión que pretendía tratar el proyecto de ordenanza del bloque radical para la adhesión al decreto 1.789/15; situación que ya fue aprobada por la comuna de Las Heras.

Claro está, la polémica no se hizo esperar, al igual que las críticas ciudadanas. Por eso, el pasado lunes, la oposición esperaba avanzar sobre el tema. Sin embargo, el presidente del Cuerpo, Bartolomé Robles (PJ) y los ediles aliados Rubén Tomassetti y Alberto Lafferriere, presentaron un proyecto alternativo al de Cambiemos, que será tratado en comisiones.

Esta situación generó desavenencia en el bloque radical. Por un lado, Sergio Dubé expresó: “Estamos perdiendo el tiempo y dilatando la situación. El que no quiera declarar su patrimonio que se dedique a otra cosa”. Mientras que su compañero de banca, Mauricio Petri, se mostró conforme al considerar que “ambos proyectos son positivos y pueden conciliarse”.  

A continuación, el ex radical Omar Abdo (bloque alfonsinista) coincidió con Petri al argumentar que “es mejor que existan dos proyectos y que no haya un camino unilateral”. Posteriormente, el vicepresidente primero del Cuerpo –uno de los ausentes en la anterior sesión- agregó: “Nunca vamos a encubrir un funcionario por enriquecimiento ilícito”.

En definitiva, según explicaron los ediles Robles y Lafferriere, la intención es evitar presentaciones patrimoniales irrisorias como ya sucedió con algunos funcionarios del gobierno provincial. Por eso, desde el oficialismo anunciaron que analizan excluir los valores de mercado y evalúo fiscal de los bienes que sean declarados.

Cabe señalar que el proyecto de ordenanza busca generar una herramienta de control de la evolución de los bienes personales a lo largo de la gestión pública, con sanciones administrativas para quien incumpla la norma, incluso la destitución del cargo que se encuentre ejerciendo.

Por otra parte, la Fiscalía de Estado, como autoridad de aplicación, establece un plazo máximo de 30 días para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales, los que se computarán a partir de la fecha de entrada en vigencia de dicha ordenanza. Lo cierto es que en San Martín habrá que esperar varios días más.