Por Javier Disparti
La Unión Cívica Radical denunció ante la Fiscalía de Estado de Mendoza una serie de irregularidades en la implementación del estacionamiento medido en San Martín, desde que la comuna decidió privatizar el servicio a comienzos de este año.
A través de una conferencia de prensa, el presidente del Comité Departamental de la UCR, Sergio Dubé, y la concejal radical María Adelaida Scacciante, denunciaron aspectos puntuales en el incumplimiento de la licitación y contratación del servicio.
Cabe mencionar que la decisión de privatizar el programa de estacionamiento medido fue debido a que los resultados no fueron los esperados desde que la Municipalidad de San Martín comenzó a implementarlo a partir del 3 de setiembre de 2012.
Desde entonces, una serie de problemas técnicos y la nula rentabilidad conspiraron para que el municipio decidiera su privatización. Durante el proceso de licitación solamente tres empresas acercaron sus propuestas al Ejecutivo: Movilgate, Procon y Asociación de Trabajadores de la Seguridad (ATSE).
Finalmente, ATSE se quedó con la concesión del servicio al ofrecer un pago mensual de $120.000 a partir de junio de este año y durante tres años. Mientras que las restantes firmas quedaron afuera por no cumplir con los requisitos.
A partir de la privatización del servicio, también se incrementó el número de manzanas en las que se cobra por aparcar (de 15 a 43 cuadras) y, al mismo tiempo, la comuna autorizó aumentar la tarifa que pasó de 2,50 a 3 pesos la media hora.
En la documentación reunida, la UCR menciona que la empresa ATSE no posee antecedentes en la prestación de servicios similares, siendo éste requisito indispensable para la adjudicación de la concesión del estacionamiento medido.
Además, ATSE al momento de ganar la licitación no contaba con la constancia de solicitud de inscripción en el Registro de Proveedores de Mendoza. Sin embargo, la comuna de San Martín descartó a la empresa Movilgate a pesar de contar con una constancia provisoria como proveedora del Estado.
Lo curioso radica en que ATSE cedió la responsabilidad del servicio a la firma Estacionamientos Argentinos (EASA), que se encontraría respaldada por Business Consulting Group Asesores Gerenciales Asociados y Corpus Seguridad, de Chile.
Más allá de la irregularidad de ceder el servicio, la sociedad con el nombre "Estacionamientos Argentinos" no ha iniciado los trámites en la Dirección de Personas Jurídicas y tampoco está inscripta en los organismos de recaudación (AFIP y ATM).
Otro punto de conflicto tiene que ver con una certificación presentada por la firma EASA, donde presenta a Nicolás Eduardo Vera como gerente general de la empresa, cuando ni siquiera es integrante de la comisión directiva y por lo tanto no estaría autorizado a firmar ninguna documentación como ya lo hizo.
Sin embargo, hay una cuestión aún más grave: según el documento que hoy tiene en su poder la Fiscalía de Estado de Mendoza, el número de documento de Vera —DNI 15.672.996— no pertenece a ninguna persona física, luego de consultar a los organismos correspondientes.
Por otra parte, a la firma adjudicataria del servicio del estacionamiento medido se le concedieron cuatro meses de gracia, situación que no se encuentra prevista en los pliegos respectivos y que violaría la igualdad de ofertas de las demás oferentes que se presentaron al llamado de licitación.
"Le regalamos 480 mil pesos a una empresa fantasma para que empiece a lucrar con el estacionamiento medido", mencionó Ángel Bottero, en referencia a los cuatro meses de gracia que se le concedieron a la firma desde el 1 de febrero.
La UCR también denunció que el personal operativo del servicio concesionado no cuenta con el uniforme señalado en el contrato, ni credencial, vehículos y tampoco con un posnet móvil (sistema que debería haber sido implementado desde el 1 de junio).
Al no existir un registro de los automóviles estacionados, como si sucedía cuando estaba en manos de la comuna, los empleados deben estar atentos si algún conductor retira el vehículo sin pagar el canon previsto en cada una de las obleas. Tampoco pueden entregar factura, porque la firma no está inscripta.
"Hemos comprobado que los chicos son contratados por un periodo de prueba de diez días y a muchos no le han pagado", mencionó María Scacciante. Esto demuestra una irregularidad más en el cumplimiento de las leyes laborales.
Por otra parte, en el contrato también figura que la empresa adjudicataria del servicio se comprometía a pintar boxes, sendas peatonales, a realizar cursos de primeros auxilios y educación vial, y a construir una guardería.
Finalmente, los denunciantes piden que el fiscal Javier Fernández proceda a “avocarse al conocimiento de lo expuesto dando inicio a la investigación preparatoria y ordenando las medidas tendientes a determinar la existencia de un daño a los intereses departamentales, accionando en consecuencia, de así estimarlo procedente instando a la actuación de los organismos de control y jurisdiccionales que estime correspondan y mientras tanto se ordene la suspensión de la prestación del servicio a fin de evitar mayores perjuicios para la Administración Municipal y hacia la comunidad de San Martín”.
"La Fiscalía de Estado deberá resolver el grado de responsabilidad. Por eso pedimos que la comuna abra la discusión en el Concejo Deliberante para tratar el ordenamiento vehicular, como anteriormente no se hizo", expresó Sergio Dubé. |
