En San Martín, el destino de los proyectos de “transparencia” termina siendo letra sepultada entre los expedientes. Es apenas la intención de unos pocos concejales de la oposición, cuyo propósito muere en los vericuetos legislativos, ya sea por la desidia o la simple resistencia del oficialismo que se niega a tratarlos o sancionarlos.

En ese contexto, el bloque radical presentó hace un año una ordenanza para adherirse al decreto provincial de Ley de Ética Pública, para que funcionarios y concejales presenten sus declaraciones juradas patrimoniales durante el ejercicio de su función pública.

Según su articulado, el proyecto de ordenanza pretende “convertirse en una herramienta de control de la evolución de los bienes personales a lo largo de la gestión pública municipal”, con sanciones administrativas y hasta la destitución del cargo para quienes incumplan con la norma.

Sin embargo, con el pasar de los meses, el oficialismo logró que el tema se disipara y ahora es una incógnita saber si será tratado durante el presente ejercicio legislativo. En un primer momento, el Frente para la Victoria y los bloques aliados dejaron sin quórum la sesión que pretendía tratar la adhesión al decreto 1.789/15.

Posteriormente, el presidente del Concejo Deliberante, Bartolomé Robles (PJ) y los ediles Rubén Tomassetti y Alberto Lafferriere, impulsaron un proyecto alternativo al radicalismo, pero tampoco terminó siendo tratado en las comisiones tal como se había acordado a mediados de 2016.

Desde la UCR también intentaron debatir sobre la importancia de contar con una ordenanza sobre acceso a la información pública; estableciendo los requisitos para la solicitud de la misma, los tiempos a los que se ve obligado el municipio para responder las solicitudes, como asimismo las responsabilidades y excepciones a la normativa.

“Está claro que no quieren que tengamos acceso a la información, por algo nunca nos dieron la posibilidad de contar con la vicepresidencia del Concejo Deliberante. Está claro que la orden de rechazar cada uno de nuestros proyectos es del intendente (Jorge Giménez)”, cuestionó el radical Sergio Dubé.

Al mismo tiempo, el concejal señaló que la UCR planteó la necesidad de limitar las elecciones de concejales e intendente. “Consideramos que la alternancia en el ejercicio del poder constituye un principio fundamental del sistema republicano de un gobierno”, destacó.

Desde 2003 a la fecha, San Martín ha sido gobernada por el intendente Jorge Giménez, quien ha ganado tres reelecciones y se encamina a cumplir 16 años al frente de la comuna. “Es un claro ejemplo para impulsar las modificaciones legales necesarias, que eviten la indeseada perpetuidad en los cargos públicos”, indicaron a nuestro medio.

Por último, Dubé recordó que presentó un proyecto para que “el Secretario de Gobierno (Oscar González) una vez al mes tenga la oportunidad de responder preguntas en las sesiones del Concejo Deliberante. Obviamente, esto también fue rechazado por el oficialismo”.