Una vez que finalice el juicio que afronta por violencia de género, Sergio Salgado deberá enfrentar otro proceso judicial. En este caso, el ex intendente de Santa Rosa está acusado de "asociación ilícita, administración fraudulenta y concusión". 

Todo comenzó con una investigación que impulsó la oposición del Concejo Deliberante de ese departamento, cuyas pruebas llevaron al fiscal Santiago Garay a ordenar su detención el 28 de marzo del pasado año. Tres días después, Salgado se entregó a la Justicia y fue trasladado a la penitenciaria provincial, donde permaneció detenido casi 8 meses.  

Finalmente, el 25 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia de Mendoza ordenó la liberación del ex intendente justicialista. Lo hizo a través de un fallo de la sala II que lleva la firma de Omar Palermo, Jorge Horacio Nanclares y Julio Ramón Gómez.

El máximo tribunal hizo lugar al recurso de casación del abogado defensor, Carlos Moyano, ya que consideró que no hay riesgo de fuga. No obstante, el ex jefe comunal kirchnerista debe presentarse, tres veces por semana, en la comisaría de su departamento. Además, no puede salir de la provincia y del país sin previa autorización judicial.  

Para recuperar su libertad tuvo que pagar una caución de un millón de pesos. Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas también le había impuesto una multa de $1.206.906 por graves irregularidades en el ejercicio contable durante su gestión en el año 2013.

>Leer también: Salgado y tres ex funcionaros deberán pagar una suma millonaria<

El órgano de control de Mendoza también formuló cargos en forma conjunta y solidaria por el mismo monto contra los funcionarios Walter Funes (Contador municipal), Diego Maures (Secretario de Gobierno y Administración) y María Valeria Cabañez (Directora de Hacienda).

Una de las principales denuncias es por la emisión de más de 330 cheques sin fondos por un total de 18.256.951 pesos. De ese total, $ 13.463.542 corresponden al Banco Nación y $ 4.793.409 a otras entidades bancarias. Cabe señalar que esta situación fue denunciada y adelantada por Este Online el 30 de noviembre de 2015.

Como si fuera poco, la Obra Social de Empleados Públicos (Osep) también intimó al intendente justicialista a depositar $2.557.061 correspondientes a aportes y contribuciones patronales del personal del Jardín Maternal de Santa Rosa.

Según consta en la denuncia, Osep le exige a la comuna el incumplimiento de aportes y contribuciones de los últimos cuatro años: $132.299 en el año 2012, $419.717 en 2013, $606.111 en 2014 y $732.117 en 2015. La deuda asciende a 1.915.019 pesos más $642.042 en intereses.

Por otra parte, el CEO de La Salada, Jorge Castillo, también complicó la situación de Salgado al brindar detalles a la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante de Santa Rosa sobre un acuerdo tácito que ambos habrían acordado para el funcionamiento del megapolo en Santa Rosa.

El empresario denunció que la municipalidad se quedaba con la explotación económica de la playa de estacionamiento a cambio del pago de impuestos municipales. Esta situación, habría generado una ganancia de alrededor de 10 millones de pesos que nadie sabe cuál ha sido el destino.

La decisión de la Suprema Corte de desestimar la figura delictiva de "asociación ilícita" y reducir la causa a "defraudación en concurso con peculado" trajo alivio a Salgado y sus abogados, ya que se trata de un delito con penas de hasta dos años de prisión. Estas causas deberá afrontar en el juicio oral que comenzará en pocas semanas.