Por Prensa Cámara Diputados

La Cámara de Diputados tratará un proyecto de ley que establece que la Provincia de Mendoza adhiera a la Ley Nacional Nº24.901, que establece el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad, y que el financiamiento para su aplicación esté garantizado por un fondo de afectación específica a crearse con el aporte obligatorio de 260 jueces locales que actualmente no hacen aportes a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP).

En la práctica, esto significará que la Provincia contará con aproximadamente $5.500.000 por año, que hoy no son aportados por los magistrados, para concretar efectivamente los beneficios que alcanzan a personas que padezcan algún tipo de discapacidad, cuya protección tiene rango constitucional.

La iniciativa fue presentada por el diputado justicialista Gustavo Arenas, con el aval de sus pares Jorge Tanús, Carlos Bianchinelli, Alberto Recabarren, Silvia Ramos, Mireya Díaz, Fabián Miranda, Juan Dávila, Nélida Negri, Sonia Carmona y Norma Moreno.

Para hacer efectiva la medida, la norma a tratarse fija que “están obligados a aportar a la OSEP los magistrados del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, los legisladores provinciales, los intendentes y los concejales, siempre en carácter de afiliados directos”.

Los fundamentos de la medida afirman que “en nuestro país la población con discapacidad asciende a 2.600.000 personas aproximadamente, de las cuales 260.000 requieren atención”. Y argumenta: “La cantidad de población que padece algún tipo de discapacidad nos advierte de la importancia de esta problemática, cuya protección ha alcanzado rango constitucional”.

La medida se basa en los lineamientos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los cuales ratificó la República Argentina a través de la Ley Nº2.6378 en mayo del 2008, cuyo propósito es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad”, según destaca el diputado Gustavo Arenas.

Luego de aclarar que se observa “con preocupación que, pese a la existencia de diversos instrumentos normativos en el país, en nuestra provincia las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos”, el legislador declara que “la principal objeción que se ha planteado para la adhesión a esta norma está vinculada al financiamiento”.

En tal sentido, propone la modificación del artículo 21 de la Carta Orgánica de la OSEP, decreto ley Nº4.373/63 y sus modificatorias, eliminando la última parte de aquél, el cual les “permite a los magistrados del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, legisladores provinciales, intendentes y concejales, que tengan servicios asistenciales de otra prestadora, renunciar a su afiliación directa a la OSEP, con el consecuente perjuicio económico a la mayor obra social de la provincia”.

Entre otras consideraciones, la norma afirma que “la posibilidad de que quienes más perciben se abstengan de aportar a la obra social implica una ruptura al principio de solidaridad que debe imperar en este sistema, lo que no puede contar con el amparo de la ley”.